Exclusivo: grave denuncia contra minera Vale expone sus métodos de espionaje contra movimientos sociales en Brasil

Investigación de Agencia Pública de Brasil devela e-mails, documentos, fotos y denuncias de un ex responsable de la seguridad de Vale que evidenciarían cómo la empresa espía a los movimientos sociales, a sus propios empleados y hasta a periodistas para defender sus intereses.
Un año después de su despido, André Almeida presentó una denuncia formal al Ministerio Público Federal de Brasil, afirmando que: “participaba de reuniones, recibía informes y era informado formal e informalmente de diversas situaciones que considero antiéticas (...)”.

  • Vie, 27/09/2013 - 12:48
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Investigación de Marina Amaral. “Hay que dejar el agujero por donde se escape el ratón. No lo podés acorralar. Eso aprendí en el ejército”. La frase cruda expresa la revuelta de André Luis Costa de Almeida, de 40 años, al argumentar por qué decidió revelar lo que sabe sobre la vigilancia y la inteligencia de Vale S.A, donde trabajó por ocho años.
Los dos primeros años trabajó como tercerizado y después como empleado del Departamento de Seguridad Empresarial. André era el responsable por el servicio de inteligencia y gestor de contratos de la Vale con empresas tercerizadas cuando lo echaron, en marzo de 2012.
“Yo quise dialogar. Mandé e-mails y nada: ellos prometieron que no me echarían por justa causa, después volvieron atrás, después dijeron que mantendrían secreto sobre el tema, pero llamaron a mi nuevo jefe para decir que mi presencia traería dificultades a su relación comercial con la Vale. Tuve que salir. No podía perjudicarlo. Ahora no me importa nada: sólo quiero que la verdad se dé a conocer”. Esta afirmación fue hecha ya en su primer encuentro con la Agencia Pública de Periodismo, en el último mes de mayo.

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En 18 de marzo de 2013, un año después de su despido, André Almeida presentó una denuncia formal al Ministerio Público Federal de Brasil, afirmando que: “participaba de reuniones, recibía informes y era informado formal e informalmente de diversas situaciones que considero antiéticas, en contra de las normas internas y/o ilegales, asumiendo que ‘por presión sobre mi empleo’, me sujeté a ejecutarlas”.
André presenta pruebas financieros que demuestran cómo Vale contrató algunos servicios de la empresa de inteligencia Network, de Río de Janeiro, como por ejemplo: la infiltración de agentes en movimientos sociales (en los estados de Río de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará y Maranhão); el pago de coimas a funcionarios del Estado (para obtener informaciones de apoyo a las “investigaciones internas”, en la Policía Federal y en órganos de la Justicia en Sao Paulo); levantamiento de informaciones bancarias y de las declaraciones de renta (de empleados y hasta mismo directores); interceptaciones telefónicas (como, por ejemplo, a la periodista Vera Durão, cuando ella trabajaba en el periódico Valor Económico), “dossier de políticos” (con informaciones públicas y “otras conseguidas por medios no públicos” sobre políticos y representantes de movimientos sociales).
Rechazando el agua y el café ofrecidos en un bar del Aeropuerto Santos Dumont, en Río de Janeiro, y atropellando sus frases, André contó la historia de cómo ingresó en Vale S.A. después de estar ocho años en el ejército. Él fue invitado por Ricardo Gruba, que tiempos después se hizo director del Departamento de Seguridad Empresarial de Vale. Este departamento es la central de espionaje de Vale, que emplea cerca de 200 personas y utiliza casi 4 mil tercerizados (los números fueron entregados por André; la Vale no publicita esos datos). André se responsabilizó personalmente por la instalación de interceptaciones en los teléfonos de dos empleados, uno de ellos, el gerente general de Prensa, Fernando Thompson, y reveló la existencia de una serie de dossiers en contra de líderes sociales, como el abogado Danilo Chammas y el cura Darío, de la Red Justiça nos Trilhos, de Açailândia, en el norteño estado de Maranhão; el premiado periodista Lúcio Flávio Pinto, crítico feroz de la actuación de la empresa en el estado de Pará, también ubicado en el norte de Brasil; Raimundo Gomes Cruz Neto, sociólogo y agrónomo del Cepasp (Centro de Educação, Pesquisa, Assessoria Sindical e Popular), en la ciudad de Marabá, también en el Pará; Charles Trocate, líder del MST y hasta de la presidenta Dilma Roussef, cuando ella era ministra de Minas y Energía. “Algunas informaciones, como esas sobre Dilma eran obtenidas por medio de datos públicos, noticias de periódicos o redes sociales, pero otras se conseguían por medio de espionaje, incluyendo la de los infiltrados”, detalla André Almeida.
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Sobre los comprobantes financieros entregadas por André al Ministerio Público Federal de Brasil, nos explica que éstos le eran entregados por Network como registro de los servicios que tendrían que ser pagados por Vale. Estos servicios no constaban en los comprobantes emitidos por el Departamento de Suministros de Vale, que ignoraba la naturaleza exacta de los servicios prestados. "Era mi función recibir esos datos y analizarlos junto a los solicitantes (de Vale). Mas allá de los ya fijos, otros datos eran solicitados de manera directa por los integrantes del Departamento de Seguridad Empresarial, sin que yo lo supiera", explica.
Los datos de Network eran comparados con los datos presentes en los documentos preparados por los funcionarios de Vale que solicitaban de los servicios, una dinámica reforzada por un e-mail de octubre de 2011 del director de Seguridad Empresarial, Gilberto Ramalho (que substituyó a Gruba en 2011), "pretendiendo un mejor control sobre los servicios llevados a cabo por Network", que daba instrucciones de cómo se tenía que llenar los documentos.
"Un ejemplo de pedido directo (a Network) fue la infiltración de un agente en el movimiento Justiça nos Trilhos, del gerente General de Seguridad Norte, Roberto Monteiro", dice mostrándonos un recibo de pago de junio de 2011 por un total de R$247.807,74 (más de US$110.000) a Network. En la rendición de cuentas de la Oficina Norte (Pará y Maranhão), en el ítem "Red Açailândia", se verifica el gasto de R$1.635,00 relacionados con el "reclutamiento de un colaborador de nivel superior, en fase experimental, para actuar junto a Justiça nos Trilhos y a otras actividades de los MS (Movimientos Sociales) en Açailândia/Maranhão".
Un paréntesis necesario: el plan de Vale se divide en Sistema Norte y Sistema Sur. El Norte abarca toda una región que va de las minas de Carajás hasta el terminal de exportación de la Vale próximo a São Luís, capital del estado de Maranhão. De las minas de Carajás se extraen 90 millones de toneladas de mineral de hierro de alta calidad, exportado para Asia por el complejo ferrocarril-portuario Estrada de Ferro Carajás. El Sistema Sur tiene como centro la extracción de mineral en el estado de Minas Gerais, ubicado en el sudeste de Brasil y vecino a los importantes estados de Sao Paulo y Río de Janeiro. Allí se ubica más de la mitad de la producción total de la Vale, desplazada por la Estrada de Ferro Minas-Vitória hasta el puerto de Tubarão, en el estado de Espírito Santo.
Bajo la visión de la seguridad de la Vale, la oficina Norte es más problemática porque abarca un territorio muy extenso. Entre la zona de extracción y el puerto son casi 900 kilómetros cruzando territorios indígenas, quilombolas y de otras poblaciones tradicionales. Por eso fue allí que el actual director de Seguridad Empresarial de la Vale, el aviador Gilberto Ramalho, empezó a montar el modelo de vigilancia de la empresa aún en la dictadura militar, cuando todavía era gerente y el polo exportador en Amazonia empezó a funcionar, en 1985.
En ese momento, por causa de la presencia intensa de "garimpeiros" (mineros artesanales), madereros, usurpadores de tierra y pistoleros y la violencia permanente, algunos "hombres de visión", como Tolentino Marçal, empezaron a "profesionalizar" esas milicias por medio de empresas de seguridad. La empresa de seguridad de Marçal, llamada Sacramenta, trabajó para la Vale hasta hace algunos años, cuando un enorme pasivo laboral de la empresa (más de 5 millones de reales) y episodios con vigilantes armados y de sospecha de desviación de armas hicieron que Vale reemplazara a Sacramenta por Network. Sin embargo, algunos "informantes" independientes de Sacramenta y de otras empresas tercerizadas siguieron haciendo servicios para Vale por medio de Network en las ciudades de Marabá, Barcarena, Parauapebas y Belo Horizonte. Sus pagos se encuentran registrados en comprobantes como la red ABC, de Barcarena (R$4.563,00 reales); "un colaborador y agente" en la red Marabá (R$3.381,68 reales) y en la red Carajás/Parauapebas (R$7.754,11 reales). Todas estas ciudades se ubican en el norteño estado de Pará, con excepción de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais.
"Son herencias que Network se vio obligada a asumir, pues los 'caracubierta' estaban en esa situación complicada hacia muchos años en otras empresas tercerizadas de vigilancia. La muy alardeada reorganización de la Seguridad Empresarial hecha por la actual gestión, simplemente cambió al director (Gruba por Ramalho). Todos los demás integrantes, propios o tercerizados, siguieron haciendo lo que siempre hicieron", dice él.
Ramalho es uno de los empleados más antiguos de la Vale y sigue influyendo en la región. Según André Almeida, aunque estuviese actuando como gerente en otra provincia cuando ocurrió la Masacre de Carajás, en 1996, tuvo que haber sido él el negociador del operativo policial que asesinó a 19 "sin tierra". En las actas del proceso jurídico que investiga la masacre, Vale es nombrada como la financiadora del operativo, que tenia por objetivo liberar la pasada de los camiones de la empresa en una ruta obstruida por una protesta de los "sin tierra", que fueron atacados por la policía (las minas quedan a 90 kilómetros del lugar de la masacre).
El Movimiento Sin Tierra aún es el principal blanco de la seguridad de Vale, al lado de la Red Justiça nos Trilhos, que tiene sede en Açailândia, en el estado de Maranhão. Esa red aglutina varias organizaciones de derechos humanos en defensa de la población afectada por las actividades del polo exportador de mineral de hierro. Tiene más de dos años la batalla judicial entre la Red y la Vale. La Red accionó al Poder Judicial en contra de la ampliación del ferrocarril destinado a transportar la producción de las minas de Carajás, actualmente en expansión. La ampliación del ferrocarril se realizó a través de autorizaciones ambientales irregulares, impactando la vida de comunidades que viven alrededor de la vías del ferrocarril, por donde pasan gigantescos trenes, de nueve a doce veces por día, cruzando reservas ambientales y territorios indígenas y de población afro brasileña.
Los accidentes ferroviarios motivan las protestas. Las vías no tienen protección ni pasarelas en gran parte de su extensión. El mismo demostrativo financiero incluye R$1.360,00 reales para "gastos con el envío y manutención de un agente, de Belém a Marabá, para la Operación Trilho, en Marabá, en los días 12, 13, 14 y 15 de mayo", días en que las protestas por el atropellamiento con muerte de un anciano bloquearon la Estrada de Ferro Carajás, de la cual Vale es concesionaria.

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